La distribuidora pretendía un incremento del 13% para actualizar sus ingresos, argumentando gastos por los incendios en El Bolsón y el temporal en el Alto Valle.
La Defensora del Pueblo, Adriana Santagati, lideró el rechazo, señalando que los mayores aumentos recaen en los cargos fijos, afectando desproporcionadamente a los usuarios de menor consumo y contradiciendo la equidad tarifaria. Santagati cuestionó la inconsistencia en la base de cálculo de EDERSA, que mezcla valores del Modelo de Empresa Ideal con costos reales y hasta «costos de mercado» para algunos rubros.
Además, Santagati argumentó que los costos por eventos climáticos adversos deberían estar contemplados en la gestión y previsión financiera de la empresa, ya que la tarifa incluye mantenimiento y mejoras en la red. Trasladar estos costos y las pérdidas técnicas a los usuarios implicaría socializar la ineficiencia del concesionario. Solicitó al EPRE un análisis integral que considere el impacto en la economía de los hogares y la producción.
La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) también se opuso al aumento, señalando que las tarifas de EDERSA son de las más caras del país.
El presidente del EPRE, Juan Justo, aseguró que analizarán el pedido en detalle, considerando el contexto económico y el impacto en los hogares, buscando un equilibrio entre la calidad del servicio y la economía de los usuarios. Ningún resultado está cerrado.((MI))
